El caso que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúa sumando capítulos. Todo comenzó con la filtración de audios atribuidos al entonces director del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de presuntos retornos millonarios vinculados a la compra de medicamentos públicos. En esas grabaciones, además, se mencionaban supuestos porcentajes destinados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras la difusión de este material, el presidente Javier Milei dispuso la remoción de Spagnuolo y la intervención del organismo por 180 días, con la designación de un auditor externo. En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó quince allanamientos que incluyeron la sede central de la agencia, oficinas de la droguería involucrada y domicilios particulares de los imputados. Durante los procedimientos se secuestraron computadoras, documentación y sobres con una suma superior a los 250 mil dólares y siete millones de pesos. La investigación judicial alcanzó a cinco personas, entre ellas Spagnuolo, el empresario Emmanuel Kovalivker y Daniel Garbellini, quienes tienen prohibida la salida del país. El Gobierno, por su parte, sostiene que existe una utilización política del caso en el marco de un año electoral, aunque no descartó la autenticidad de los audios.

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