Santa Fe y lo de siempre: se perdieron 6.000 empleos públicos pero se triplicó la planta política

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) revela que la provincia de Santa Fe registró entre 2024 y 2025 una fuerte reducción del empleo público, en el marco de la política de ajuste impulsada por el gobierno provincial. La caída acumulada alcanza cerca de 6.000 puestos en comparación con 2023 y se concentró principalmente en trabajadores administrativos, técnicos y profesionales del Estado.

El dato resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que Santa Fe ya presenta uno de los niveles de empleo público más bajos del país, con 45,2 trabajadores cada 1.000 habitantes, por debajo del promedio nacional. El sector más afectado fue el educativo, que perdió alrededor de 4.800 puestos, lo que equivale al 8% de su planta. También se registraron recortes en el escalafón general y en otras áreas de la administración, mientras que solo salud y seguridad mostraron leves incrementos de personal.

En paralelo al recorte sobre la planta estatal, el informe advierte un crecimiento extraordinario de la planta política, que más que triplicó su tamaño en apenas dos años. Los cargos políticos pasaron de 662 en 2023 a 2.115 en 2025. Este aumento se explicó por la expansión de autoridades superiores y, principalmente, por la creación de siete nuevos niveles de asistentes técnicos -del 5 al 12- inexistentes en gestiones anteriores, que sumaron más de mil cargos de designación directa.

Estos puestos concentran los mayores ingresos del Estado provincial. A comienzos de 2025, un asistente técnico cobraba entre 1,7 y 3,3 millones de pesos mensuales, mientras que un director provincial superaba los 4,2 millones, un subsecretario los 6,5 millones y un secretario los 7,5 millones, sin contar viáticos ni adicionales. Esta reconfiguración implicó un cambio profundo en la lógica de contratación estatal y una mayor concentración del gasto en los niveles jerárquicos más altos.

Desde noviembre de 2023, todos los sectores del empleo público provincial perdieron poder adquisitivo. Las mayores caídas se registraron en educación, donde los docentes acumulan una pérdida del 17,4%, y en salud, con el personal de enfermería perdiendo un 17,3%. El salario mínimo garantizado de la policía cayó un 15,7%, mientras que en la administración central las categorías más bajas -que representan el 91% de los trabajadores- perdieron cerca del 11% de su poder adquisitivo.

En síntesis, el Cepa concluye que la política de ajuste aplicada en Santa Fe no respondió a un criterio de eficiencia del Estado, sino a una redefinición de prioridades del gasto público. Un modelo que achica áreas clave como educación y salud, pero fortalece la estructura política.